El Gobierno ha aprobado una reforma para reforzar la protección de los menores en los procedimientos judiciales, con un cambio muy importante: los niños y niñas podrán ser escuchados siempre, sin límite de edad. Hasta ahora, en muchos casos se tomaban como referencia los 12 años.
Se introduce otra novedad muy relevante: no se podrán usar informes basados en el llamado Síndrome de Alienación Parental.
Esto significa que ya no se podrá decir, sin más, que un menor rechaza a su padre o a su madre porque el otro progenitor lo ha manipulado.
Si un niño o una niña no quiere estar con uno de sus progenitores, el juzgado deberá estudiar bien el caso, escuchar al menor y averiguar qué está pasando antes de tomar una decisión.
También se refuerza la atención a los menores víctimas de violencia, facilitando su acceso a ayuda psicológica y jurídica, y se crearán turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y adolescencia.
En definitiva, el objetivo es claro: que los menores sean escuchados de verdad y que su bienestar esté siempre en el centro de cualquier decisión.
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